«En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro», dijo la exfuncionaria en una reunión con los fiscales generales de Sudamérica, que le dieron fuertes muestras de apoyo y la acogieron como «legítima fiscal general de Venezuela», en palabras del fiscal de Brasil, Rodrigo Janot.
«No hay garantía de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga una condena, una sanción (…), porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desparecidas», afirmó.
La exfiscal venezolana Luisa Ortega dijo este miércoles en Brasil que tenía «muchas pruebas» sobre supuestos vínculos del presidente de su país, Nicolás Maduro, y de altos funcionarios de su gobierno con el caso Odebrecht, que reveló una vasta red de sobornos en América Latina.
Ortega dijo haber sido perseguida «en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, (y) los miembros de la Asamblea constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez».
«En el caso de Odebrecht, hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa denominada española (…), cuyos propietarios son sus primos», detalló.
La funcionaria huyó a Colombia el viernes pasado, donde le fue ofrecido asilo. Caracas la busca por su supuesta participación en un esquema de corrupción y anunció que buscará su captura internacional vía Interpol.
Ortega se dijo determinada a dar una batalla global. «Seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pase en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos», proclamó.
Denunció asimismo amenazas de muerte en su contra.
«Tengo amenazas que pueden atentar contra mi vida y hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir».
