La instrucción, difundida por la fiscalía en un comunicado, va dirigida «a todas las unidades de policía» que operan en la región, pidiéndoles que actúen contra autoridades, funcionarios o particulares, «a fin de evitar la consumación de los delitos», es decir, el escrutinio del 1 de octubre.
Las órdenes fueron transmitidas personalmente a las cúpulas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, la policía regional dependiente del ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, a quienes piden actuar contra sus superiores políticos.
«Los funcionarios policiales (…) procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal», dice la instrucción. Entre estas medidas, especifica la requisación de «urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal».
El gobierno independentista de Carles Puigdemont fue denunciado por la fiscalía por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación al convocar este referéndum a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.
A pesar de las advertencias judiciales y del gobierno español de Mariano Rajoy, los dirigentes catalanes no piensan detener sus planes y si los independentistas se imponen en la votación, pretenden declarar la secesión de esta región de 7,5 millones de habitantes.
El lunes recibieron el apoyo de cientos de miles de personas que se manifestaron en el centro de Barcelona por la independencia en la sexta movilización consecutiva de sus partisanos en ocasión de la ‘Diada’, el día de Cataluña.
Fuente: El Telégrafo
