En 2014, Odebrecht era a ojos del mundo y de Ecuador un gigante constructor capaz de levantar puentes, carreteras y grandes obras de infraestructura. Pero el 17 y 18 de marzo de ese año fueron detenidas 17 personas en la llamada operación Lava Jato que destapó el primer indicio de una red de corrupción cuyos tentáculos fueron estirándose por los países de la América Latina. Entre ellos, Ecuador.
Pero entonces, era solo un asunto doméstico y puntual. Aún así, la empresa brasileña quiso anticiparse al golpe. Introdujo en sus contratos un Código de Conducta de Proveedores, que imponía a sus contratistas, y que debía funcionar como cortina de humo contra el desprestigio internacional aparejado a la corrupción. “Odebrecht valora su reputación y credibilidad” abanderaba el inicio del documento que, en octubre de 2014, también llegó al Ecuador y que forma parte del expediente fiscal abierto.
Odebrecht -señalada por las autoridades estadounidenses por haber pagado, presuntamente, 33 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos- impuso, en forma de adenda a un contrato firmado con Tramo SA, un código de buenas prácticas, ética y valores con el que exigía a sus contratistas que se abstuvieran de cualquier acto de corrupción. Y expresamente, del pago de coimas a servidores públicos.
