El escrito fue presentado en la Fiscalía La Merced de Guayaquil por el abogado Hernán Ulloa Benítez, patrocinador de los demandantes. El jurisconsulto no dio nombres de los supuestos funcionarios del CJ que habrían presionado a los jueces, pero dijo que estos entraban a los despachos de los magistrados para «recomendarles, exigirles o amenazarles» que tenían que cumplir las disposiciones de un superior respecto a los casos que ellos llevaban.
Según Ulloa, estos hechos se enmarcan en el delito de tráfico de influencias, que es castigado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con 5 años de prisión a los funcionarios públicos o autoridades de elección popular que quieran aprovecharse de su cargo para favorecer a terceros.
Como ejemplo de estas acciones ilegales, Ulloa recordó la difusión por redes sociales de dos videos donde se muestra la supuesta influencia que un funcionario de la Corte Provincial de Justicia de Guayas trata de ejercer contra los jueces de una Sala de lo Penal, para que declaren la nulidad por falta de competencia dentro del proceso de restitución del cargo de alcalde de Balzar que pide el ciudadano Cirilo González.
«Lo cual no se puede hacer porque ese pedido no cabe dentro de una acción constitucional». Ulloa estuvo acompañado de Mercedes Valarezo, exjueza décimoprimera de la Niñez y la Familia; Natalia Salazar, exjueza de Trabajo de Guayaquil; Ángel Cojitambo, exjuez de El Empalme, entre otros. El fiscal subrogante del Guayas, René Astudillo, recibió la denuncia y de inmediato ordenó el sorteo para que un fiscal inicie de inmediato las investigaciones.
Fuente: El Telégrafo
