La fortaleza de Carla Zapata se puso a prueba en los juzgados. Ella tiene tres hijos y hace una década empezó una odisea: el cobro de las pensiones alimenticias para ellos. Escritos, boletas de apremio y casilleros judiciales son parte de su vida. Así lo relató mientras revisaba su expediente, que reposa en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).
En esa plataforma se registraron, hasta julio del 2017, 626 341 personas con esta obligación, para 777 986 menores, según datos del Consejo de la Judicatura. Además, constan retrasos, pedidos de liquidación por montos adeudados y boletas de apremio. En el país se registran 470 294 tarjetas de alimentantes (obligados a pagar) en mora, a junio.
Esto es el 69,04% del total en esos meses, según el ente. A los tres hijos de Zapata, por ejemplo, les adeudan cerca de USD 2 000 (USD 374 mensuales), por cinco meses. Uno de ellos tiene discapacidad. Años atrás, la madre utilizaba las boletas de apremio para que su expareja cancelara lo adeudado.
El documento se efectivizaba rápidamente. Dentro de las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, se plantea que se llegue a acuerdos de pago. No se han descartado alternativas como dispositivo electrónico, prisión nocturna. No es el único tema sensible en la propuesta legal, cuyo informe para primer debate pule la Comisión de Justicia en estos días.
Otros son tenencia compartida, corresponsabilidad parental, rendición de cuentas y otros. Para la legisladora Verónica Arias, de Acción Regional por la Equidad, es necesario mantener el acuerdo entre los progenitores para la custodia del niño, como consta en la actual normativa. Sostiene que no es lógico dar paso a una rendición de cuentas. “Es humillante”.
