La iniciativa contra esta «creciente amenaza», según reconoce el órgano legislativo en su página web, necesitó de tres votaciones para ser aprobada. De esta forma, a partir de ahora, los autores directos de «secuestros por rescate» -tal y como ha sido denominado- serán condenados a pena de muerte, mientras que los cooperadores serán sentenciados a 30 años de prisión.
Además, el Senado también aprobó diferentes medidas para castigar los linchamientos y otros actos de violencia que se cometen en las zonas rurales contra los sospechosos de delitos.
En mitad de la peor crisis económica que ha sufrido este país en 25 años, el secuestro se ha convertido en una práctica habitual en todo el país, y en un elevado número de ocasiones acaba con la muerte del rehén, incluso después de haberse pagado la suma exigida.
El problema comenzó con los trabajadores de las empresas petroleras en el delta del Níger, sector económico que representa el 90% de las exportaciones de este país.
En poco tiempo el problema se extendió y los políticos, ejecutivos y artistas locales también se convirtieron en un objetivo frecuente.
Fuente: El Comercio
