Celi indicó que, cuando concluya dicho examen, se podrá «saber una conclusión, en cuanto a las responsabilidades». Según el funcionario, «aún no pueden adelantar los criterios de algo que está en proceso de indagación, pero es parte de la investigación que hace la Contraloría».
Este miércoles 24 de octubre, Andrés Michelena, gerente de los Medios Públicos, precisó que Gama y TC registran pérdidas acumuladas sumadas por más de $ 23 millones de dólares.
También se refirió al Diario El Tiempo de Cuenca y cuestionó a quienes autorizaron que se pague $ 1.5 millones, » prácticamente sólo por el nombre del periódico, eso no es mediocridad, ya que el único activo en esa negociación fue una rotativa de 40 años de uso, con un valor comercial que no supera los $100 mil». Indicó que ni siquiera el edificio en el que funciona el diario pertenece al Estado, «que tiene que seguir pagando mensualmente $ 8 mil de arriendo a los anteriores dueños del periódico».
Precisó que en el caso de Diario El Telégrafo, se mantuvo un tiraje de 17.000 ejemplares diarios, «con una devolución de más del 65%». Según dijo esa decisión causó al Estado un perjuicio de $35.000 mensuales. «En otras palabras, 6 de cada 10 diarios impresos iban a la basura».
Michelena manifestó que Ecuador TV adquirió 46 sistemas de transmisión para llevar su señal a pequeñas poblaciones amazónicas. Pero, que «nunca lo hizo. No se construyeron casetas, ni instalaciones eléctricas, ni se acordó con municipios o parroquias la custodia de esos equipos».
Manifestó que «hoy esos transmisores se apilan ya caducos y en una bodega alquilada como evidencia de un perjuicio al Estado cercano a los $ 3 millones».
Por estos problemas, el gerente de los Medios Públicos agregó que solicitó al contralor Pablo Celi «una investigación profunda a esas administraciones y a los responsables de ellas».
También indicó que se pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la cooperación técnica y financiera no reembolsable «que permita emprender un proceso de análisis, auditoría y valoración de los medios públicos e incautados».
Fuente: El Telégrafo
