Así consta en la convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. La Proforma asciende a $ 34.818,13 millones, monto que representa una reducción de 5,34 % respecto a la Proforma 2017, mientras que la deuda pública consolidada se ubica en el 28,8 % del Producto Interno Bruto.
También consta un incremento de 9,68 % en las preasignaciones. Se cumple con el incremento progresivo de 0,5 % para educación inicial, básica y bachillerato, así como para el Sistema Nacional de Salud y las preasignaciones previstas para educación superior, ciencia, tecnología e innovación.
Esta asignación asciende a $ 993,8 millones, que muestra un incremento de 11,3 % con respecto a 2017. Además, se asignan alrededor de $ 7.198 millones para políticas de igualdad a favor de la niñez y adolescencia, equidad de género, discapacidades, adultos mayores y jóvenes. La Comisión de Régimen Económico, en su informe, hace varias recomendaciones.
Entre ellas, que el Ministerio del Trabajo, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Ministerio de Economía y Finanzas, elabore una nueva programación para el pago de la totalidad de los haberes pendientes por incentivo a la jubilación de los servidores públicos y que informe a esta comisión los plazos y montos que se pagarán en los siguientes años.
Además, la Comisión observa la necesidad del pago a la deuda que tiene el Estado con el IESS, que se tome en cuenta la asignación para el Parlamento Andino, que la Agencia Nacional de Tránsito presente un informe trimestral sobre los proyectos de inversión, que la Senescyt informe la fórmula de asignación de recursos a las universidades.
Fuente: El Telégrafo
