Sala está en una cárcel de Jujuy (1.900 km al norte de Buenos Aires), donde cumple prisión preventiva desde principios de 2016 por presunta malversación de fondos. En agosto y atendiendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que sostenía que Sala sufría hostigamientos dentro del centro penitenciario- la justicia argentina la había enviado a arresto domiciliario.
Pero un mes después, un tribunal de apelaciones ordenó revocar el beneficio para la diputada electa del Mercosur, que no llegó a asumir el cargo en diciembre de 2015. Durante el mes de prisión domiciliaria, Sala fue trasladada a una casa que no era su vivienda y que al momento de serle otorgado el beneficio no contaba con electricidad, sanitario, ni ventanas.
La casa debió ser reconstruida a su cuenta para que pueda albergarse allí donde estaba bajo estricto control de la gendarmería (policía militarizada) con cámaras de seguridad, una rutina que la obligaba a mostrarse en un balcón tres veces al día y restricción de visitas, entre otras medidas.
En la resolución, fechada el 23 de noviembre pero divulgada este lunes, la CorteIDH requiere al Estado que la nueva prisión domiciliaria se lleve a cabo «en su residencia o lugar donde habitualmente vive».
Sala enfrenta causas en la justicia por amenazas y presunta malversación de fondos que recibió su organización Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sus defensores la consideran una presa política.
Fuente: El Telégrafo
