La fiscal subrogante, Thania Moreno, notificó el inicio de la investigación previa por el presunto delito de peculado en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, mientras presidió la Comisión 30S, la cual fue conformada por el expresidente Rafael Correa, luego de los hechos del 30 de septiembre de 2010.
El documento firmado por la fiscal general subrogante, Thania Moreno, hace referencia a hechos denunciados por Fernando Villavicencio y Andrés Páez, en los cuales estuvo supuestamente vinculado Baca. Según el texto, se da paso a la investigación y posterior presentación de un informe inicial en un plazo máximo de 20 días.
Asimismo, indica la notificación al fiscal general y cita a los denunciantes a comparecer ante la Fiscalía de la provincia de Pichincha el venidero 19 de febrero.
El 30 de septiembre de 2010 hubo una revuelta policial que las autoridades de entonces, lideradas por Rafael Correa, definieron como un intento de golpe de Estado.
Villavicencio, uno de los denunciantes, afirmó que Baca pedía recursos a la Secretaría de Inteligencia (fondos reservados o gastos especiales) para la Comisión 30S, aunque según el Decreto 22, el trabajo sería gratuito.
El lunes pasado, el fiscal Baca habló sobre el supuesto examen de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en su contra cuando fue parte de la comisión que investigó el intento de golpe de Estado del 30S. En ese presunto informe se decía que Baca cobró un salario de la Secretaría de Inteligencia, cuando las normas de dicha comisión señalaban que no se recibiría ningún pago.
En rueda de prensa, Baca recalcó que en 2017 la Contraloría emitió un certificado donde decía que no había ninguna sanción administrativa, civil o penal en su contra.
Dijo que es sospechoso que esos reportes se difundan a poco de la audiencia contra el Carlos Pólit y atribuyó la difusión de ese supuesto informe a los «operadores» del excontralor.
El Fiscal General ha estado al frente de casos como el de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, en el cual fue condenado a seis años de cárcel al exvicepresidente de la república Jorge Glas y otros exfuncionarios públicos.
