“No hay ningún cambio, es lo que le conviene al pueblo ecuatoriano”, dijo Lasso. Sin embargo, “era necesario que se deroguen los decretos presidenciales que establecían la posibilidad del incremento en el techo del precio de los combustibles”, expresó Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Los trabajadores también rechazan la “concesión de empresas estatales” y el proyecto de reformas laborales que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional para su tratamiento en el 2022.
“Hemos visto conveniente convocar a una jornada de movilizaciones, el 19 de enero del 2022, para demandar políticas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos”, dijo Erazo. El proceso se afinará el 08 de enero del 2022. También prevén reunirse con dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), indicó el sindicalista del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio.
Respecto al diálogo y movilización nacional, “hay un consenso (…) de ir a un proceso de paro y movilización indefinida”, aseguró Severino Sharupi, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, en un video de la Conaie, del 28 de diciembre, en Twitter.
Por otro lado, Richard Intriago, del Movimiento Nacional Campesino (Fecaol), señaló que el mantener el precio de los combustibles “es una ventaja enorme, de modo parcial, por la crisis que estamos viviendo en los sectores urbanos y rurales”. Espera que se cumpla el anuncio sobre créditos desde USD 500 hasta USD 5000 al 1 % y a 30 años plazo. Su organización no descarta movilizaciones autónomas en caso de que el gobierno “profundice la crisis”.
La posición de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha sido que se “focalice el subsidio de combustibles a los sectores que lo necesitan, por ejemplo, a la transportación. Que no les afecte en los costos de operación”, dijo su dirigente Richard Gómez. Pero más le preocupa las reformas laborales, aunque no contempla movilizaciones sino el diálogo.
El congelamiento del precio de los combustibles no responde a una medida técnica, sino a una estrategia política. Lo mismo sucede con al anuncio de la entrega de créditos, lo que busca el Ejecutivo son espacios de gobernabilidad, un margen de maniobra, según analizó el economista Diego Olmedo.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
