Lo mismo ocurrió en Quito, que también registró más arribos internacionales en enero, febrero y marzo (a mediados se suspendieron ya los vuelos internacionales como parte de las medidas para frenar la pandemia). Solo en estos tres meses del 2020 llegaron 191.626 pasajeros a Quito y 170.971 a Guayaquil, exponen los datos del Ministerio de Gobierno.
Aquel 29 de febrero de 2020, ecuatorianos y turistas seguían llegando y disfrutaban de las playas, de los paseos por Ecuador, de las comidas típicas. Centros comerciales, llenos, así como mercados, comisariatos… También se alistaban reuniones sociales: graduaciones, matrimonios… Era ‘la extensión’ del carnaval que empezó una semana antes.
Pasadas las 10:00 de aquel 29 de febrero, en rueda de prensa nacional, transmitida por medios de comunicación y en redes sociales, la ministra de Salud de entonces, Catalina Andramuño, confirma el primer caso de COVID-19 en Ecuador.
“Se trata de un caso importado”, asegura. La paciente era una ecuatoriana adulta mayor, 71 años, que residía en España y que llegó al país el 14 de febrero (en un vuelo directo de Madrid a Guayaquil). De ahí fue a su natal Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Ella residía en Torrejón de Ardoz, municipio de Madrid, donde para ese 29 se habían reportado tres casos positivos de COVID-19 en aquella localidad europea.
“No presentó ningún síntoma a su arribo”, justifica la ministra Andramuño ese 29. Pero días después sintió fiebre y malestar, por lo que sus familiares la llevaron a una casa de salud antes de que se le practicaran las pruebas, el 27 de febrero, que terminaron dando positivo.
A la hora del anuncio de la ministra, la mujer, llamada desde entonces ‘paciente cero’, estaba en estado crítico y su pronóstico era reservado. Permanecía asilada en uno de los 15 hospitales que estaban en el plan nacional para tratar estos casos, aunque no se reveló el nombre del establecimiento. Luego, en redes sociales, se conoció que era el Hospital del Guasmo, donde casi dos semanas después falleció.
Había pasado un poco de una hora del anuncio estatal de que Ecuador tenía un primer caso confirmado de COVID-19 y ya, en las calles, se formaban largas filas en las distribuidoras farmacéuticas en Guayaquil. Cajas de mascarillas, alcohol, vitamina C y jabón estaban entre los pedidos del público.
A las pocas horas era ya difícil conseguir los cubrebocas. Y los precios subían. Así, una caja de mascarillas quirúrgicas que antes no pasaba de $5 subió en el mercado a $25 y hasta más de $50 en los días más críticos del inicio de la pandemia. Lo mismo ocurrió con las N95 o KN95. En las calles vendían las últimas hasta en $15, mientras una quirúrgica que costaba $0,40 pasó a $5 y $7. Los supermercados y comisariatos registraron también una alta demanda ese día. Perchas vacías, sin alcohol, sin mascarillas, sin jabones y hasta sin alimentos, como carnes, encontraron en algunos lados quienes llegaron casi al atardecer de aquel 29 de febrero. En redes sociales, usuarios evidenciaron aquello con fotografías de distintos sitios.
Para el 1 de marzo ya eran seis los casos confirmados de COVID-19. Uno en Guayaquil y cinco en Babahoyo, Los Ríos. Los familiares de la ‘paciente cero’ sostuvieron luego que se aislaron y cuidaron por su cuenta, pues el MSP no habría cumplido como debía. Incluso las pruebas no se las efectuaron a todos los implicados. “En una vivienda se tomaron muestras a cuatro personas de los ocho convivientes; resulta que dejaron al positivo con los negativos (…) ¿En qué momento corto el ciclo de contagio?”, expuso en ese entonces una sobrina, oftalmóloga, de la ‘paciente cero’, que cuestionó medidas aplicadas por el MSP y los señalamientos que sufrieron por parte de la población.
Luego llegaron más casos importados. Uno, en Sucumbíos. Y así continuaron. Médicos, epidemiólogos, autoridades locales, entre otros, pedían al Gobierno que suspendiera temporalmente los vuelos internacionales para frenar la ‘explosión’ que se vino casi de inmediato. Pero aquello no ocurrió hasta que el Gobierno ecuatoriano decretó, la noche del 16 de marzo, estado de excepción que regía desde el 17, toque de queda, cierre de fronteras, entre otras medidas.
Para esa fecha, 16 de marzo de 2020 se reportaban oficialmente 58 casos confirmados de COVID-19. De estos, 12 eran importados (llegaron del exterior). Ahí empezó una serie de problemas que terminaron con más contagios, muertes, colapso del sistema de salud, familiares clamando para que retiren a sus fallecidos de las casas porque ya tenían hasta cuatro días con el cadáver y seguían en lista de espera.
Falta de oxígeno, de medicinas, de camas UCI y de hospitalización, de ataúdes, de espacios en los cementerios; casos de corrupción; sobreprecios en productos médicos y de bioseguridad vitales en esos días acrecentaron el problema de la pandemia, que hasta ayer llevaba más de 238.000 confirmados con el virus y más de 15.700 muertos. Desde hoy presentamos una serie de temas referentes al primer año de la pandemia del COVID-19.
“¿Tiene fiebre?, ¿tos seca?… vuelva a llamar cuando presente estos síntomas…”, les decían en la línea 171 que se activó desde el 29 de febrero para atender los casos. Muchos se cansaron de llamar y de esperar. Unos optaron por automedicarse y otros terminaron complicándose.
Nota Original: El Universo – LINK
