El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, enfatizó que la normativa garantizará la transparencia y legitimidad en el proceso, mediante principios de probidad.
A este criterio, se sumó el coordinador general jurídico del organismo, Santiago Peñaherrera, quien liderará la revisión del reglamento para evitar que existan textos que den lugar a interpretaciones ambiguas.
De acuerdo con Peñaherrera, este documento basa a la transparencia como un eje central. Con esto, se plantea que todas las fases y postulantes del proceso sean públicas.
En la propuesta aprobada, se mantendrá la realización de la prueba oral, y estipula que postulantes con inhabilidades vigentes y llamamientos a juicio, no podrán participar en el proceso.
Quienes tampoco podrán ser parte del concurso son personas que hayan participado anteriormente en la defensa de tipos penales relacionados al crimen organizado.
Con esto, las distintas funciones del Estado deberán enviar sus delegados para conformar la Comisión ciudadana de selección, encargada de realizar las etapas del proceso.
La nueva autoridad se mantendrá por los próximos 6 años, así como lo hizo la actual titular, Diana Salazar.
Asimismo, Peñaherrera puntualizó que, en caso de extenderse los plazos para la realización del concurso, Salazar podrá prorrogarse en funciones, sin embargo, no podrá participar nuevamente para el mismo cargo.
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