Esa fue una de las frases con la que el fiscal general Carlos Baca cerraba ayer, en la audiencia preparatoria de juicio en el caso Odebrecht, una acusación contra trece personas, las cuales para él no habrían cometido un acto ilícito aislado, sino que fueron parte de un acto en el cual una “verdadera organización delictiva” ejecutó de manera “permanente y sistemática los hechos ilícitos”.
Poco antes, el juez Miguel Jurado llamaba la atención al asistente de Eduardo Franco, defensa del vicepresidente Jorge Glas, por sonreír al escuchar decir a Baca que en este caso, tratándose de una asociación que tiene un fin ilícito, “ese fin ilícito hace que por su propia naturaleza ni siquiera sea necesario un sitio de reunión, ni que se conozcan entre sí, uno o varios de los partícipes”.
Magally Ruiz, abogada de la Procuraduría, instancia que se presenta en este caso como víctima, confirmaba en su acusación contra los trece procesados que aquí existió una asociación para delinquir.
Según Ruiz, Glas en su calidad de ministro coordinador de Sectores Estratégicos y de vicepresidente, responsable de la coordinación, control y supervisión de los proyectos vinculados a los sectores estratégicos, habría formado parte de un acuerdo con José Santos para beneficiar a Odebrecht.
La fórmula explicada por Baca se repetía en la acusación de Ruiz: Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, participaba del ilícito como un intermediario entre Glas, Santos y los dineros que se exigían.
El jueves, la Fiscalía hablaba de que Rivera, en beneficio de Glas, recibió $ 13,5 millones; ayer la Procuraduría indicaba que recibió $ 16,1 millones: $ 8,3 millones de la empresa Columbia; $ 5,8 millones de Glory; y otros $ 2 millones de Cosmac.
Julio César Sarango, abogado del segundo acusador particular, César Montúfar, explicó ayer que existió una “asociación criminal” entre Glas y Rivera para que el segundo actúe como una suerte de “operador” a la sombra del primero.
Sarango afirmaba que la cercanía de Rivera a Glas le permitió actuar a este dentro y fuera del país “como tío o delegado de Glas”, que el acceso directo con su sobrino le permitió “tener influencias sobre sus decisiones” desde que fue gerente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones, coordinador de Sectores Estratégicos y vicepresidente.
En la etapa de alegatos de los abogados, Franco pidió el sobreseimiento y la inmediata libertad de su defendido. Sostuvo que Baca no ha demostrado la existencia del delito de asociación ilícita puesto que no ha demostrado como se asociaron.
En su intervención de réplica a los argumentos de la Fiscalía, Hermes Sarango, defensa de Pólit, negó que el excontralor haya desvanecido informes para beneficiar a Odebrecht.
Tras las intervenciones de los abogados de Glas y Pólit siguieron las de los restantes once procesados.
Fuente: El Universo
