El presidente del Consejo Directivo, Francisco Cepeda, activó la polémica. La semana anterior, en varias entrevistas, lanzó cuatro posibles reformas a la Ley, entre ellas ajustes a la base de cálculo de las pensiones jubilares y analizar modificaciones en el aporte del Estado al fondo de pensiones, de acuerdo con un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). La propuesta de normativa se presentaría al Ejecutivo entre marzo y abril.
Para Ricardo Ramírez esos planteamientos vulneran derechos. El integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Guayas dice que se debe empezar por reformas radicales a las actividades del Seguro Social para evitar “el saqueo, el despilfarro y la corrupción”.
Dentro de una propuesta que será presentada por varias organizaciones se incluye, además, la creación de un fondo nacional de la Seguridad Social, que tenga como base los excedentes del precio del petróleo para de esa forma comenzar a negociar el pago de la deuda del IESS con el Estado. Según el organismo, ese monto bordea los USD 8.000 millones.
Otra opción, a más largo plazo, es la generación de empleo para incrementar el número de afiliados. “Hay cinco millones de personas que están en la desocupación o en la subocupación, que no aportan a la Seguridad Social. Se debe tener una visión integral del problema y no solo decir que los afiliados aporten más o que se jubilen a los 70 años”.
La base para acceder a la jubilación es tener 60 años de edad y acumular 30 años de aportaciones. También hay otras alternativas con ciertas variaciones de años, fuera de otros requisitos para casos de invalidez.
El pasado miércoles, en una entrevista con radio Democracia, Cepeda aseguró que “es ilógico” que se pretenda acceder a la jubilación con menos años de aporte. Por el contrario, dijo que se debe pensar en aumentar los años “porque la esperanza de vida ha subido”.
“En jubilación hay mucho que hacer porque ahí está el déficit actuarial más grande. Esto no depende del Consejo Directivo, sino de las leyes de la Asamblea Nacional. Y veo que ahí prima el concepto político y no el concepto técnico”, indicó Cepeda.
El IESS emitió el viernes un comunicado para negar que se analice un incremento en las aportaciones ni una modificación a la edad de jubilaciones. Por el contrario, habla de la necesidad de “un gran diálogo nacional” para reestructurar el organismo.
Aliviar el fondo de salud para solventar el fondo de pensiones
Henry Llanes es el vicepresidente de la Asociación de afiliados, jubilados y pensionistas del IESS de Pichincha, y explica que avanzan en la presentación de una propuesta de ocho artículos para reformar la Ley de Seguridad Social.
Uno de los puntos recomienda que el Seguro Social tenga una ley y directorio propios, como ocurre con el Issfa y el Isspol. Además, piden separar al Seguro Social Campesino para que sea subvencionado por el Estado.
Otro de los planteamientos se relaciona con la atención sanitaria. Llanes explica que hay beneficiarios que sin aportar al IESS son atendidos en sus unidades. El pedido es que el Estado asuma esa prestación, a través del Ministerio de Salud.
“El aporte de los afiliados no es parte de las finanzas públicas. ¿Por qué se toman nuestro dinero para atender a otras prestaciones? Ese es un manejo arbitrario y doloso”, dice Llanes.
Según datos del IESS, solo la deuda del Estado sobre el seguro de salud alcanza los USD 4 397. Es un monto que se viene acumulando desde el 2006 y que corresponde a la atención médica de afiliados, jefas de hogar, personas con discapacidades y enfermedades catastróficas.
Desde el Observatorio de la Seguridad Social también se plantea dar un giro al manejo de los fondos del seguro de salud. Su coordinador nacional, Aldemar Pérez, dice que constitucionalmente el Estado debe cumplir con la atención sanitaria de afiliados y no afiliados.
“Si se cumple la Constitución, ¿por qué el afiliado al IESS, que de paso es una afiliación obligatoria, tiene que aportar cerca del 5% de su salario para un seguro de salud?”. Según sus cálculos, ese monto bordea al año casi USD 1 080 millones que podrían ser derivados al fondo de pensiones para aliviar el déficit.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
