El juez Anticorrupción a cargo de la causa dictó medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente. La instrucción fiscal durará 90 días.
Dentro de los elementos presentados por la Fiscalía constan informes de seguimientos y vigilancias, sinopsis de interceptaciones telefónicas, el informe de relacionamiento telefónico, entre otros.
En este caso se investiga una presunta red de corrupción integrada por agentes metropolitanos de tránsito, que habrían exigido sumas de dinero a los conductores, a cambio de no reportar infracciones, especialmente respecto al incumplimiento de la medida “Pico y Placa”.
Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, indicó que, pese a la investigación abierta contra los funcionarios de la institución por presunta concusión, estos reincorporaron a sus labores.
Explicó que, esto responde al cumplimiento y garantías del debido proceso en el que, según dijo, debe respetarse el principio de inocencia. Por ello, puntualizó que es su “obligación” restablecerlos a sus lugares de servicio.
“Los agentes que se han incorporado hoy, les indicado que me informen cuál ha sido su situación jurídica (…) la ley no me permite hacer nada más que eso”, dijo.
Frente al panorama que enfrenta la Agencia Metropolitana de Tránsito, Martínez planteó dos posibilidades para reducir la corrupción.
Una de ellas es reducir la “interacción” entre una persona y un agente, mediante el sistema tecnológico de la ‘Tercera Placa’. Con esto, se monitorearán los 21 accesos al hipercentro de la capital y, en caso de que un conductor infrinja la normativa, recibirá un SMS con una alerta. En esta, se dará 15 minutos a la persona para salir de dicha ruta y cancelar su multa.
Por otro lado, propuso la implementación de análisis económico y patrimonial a funcionarios de la institución una vez al año, para verificar si existen irregularidades en el balance de ingresos y egresos de un trabajador.
Además, resaltó que la Agencia requiere mayor personal para su óptimo funcionamiento, por lo que será necesario un proceso riguroso para filtrar a malos funcionarios.
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