El reporte, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, que funciona en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos, constató en una visita a la cárcel realizada entre el 6 y 10 de marzo que hay 71 internos que están en los registros, pero no se encuentran en las instalaciones.
«Hay 71 personas que constan estar en Alcaçuz, pero no están. Pueden haber sido transferidas y no haberse registrado, fugas y recapturas no contabilizadas o muertes no reconocidas», señala el informe.
Los peritos creen que en su mayoría los reclusos podrían estar muertos por lo que el número total de víctimas, que oficialmente es de 26, podría rondar los «90 muertos», una cifra que manejaron en su día los funcionarios penitenciarios y familiares de los presos, pero que nunca fue ratificada por las autoridades regionales.
La matanza se inició el pasado 14 de enero en los pabellones de Alcaçuz, en la región metropolitana de la ciudad de Natal, cuando miembros de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor del país, comenzó una cacería contra miembros de la banda rival Sindicato del Crimen (SDC).
El episodio provocó al menos la muerte de 26 reos, ya que en los días siguientes, los internos de ambas organizaciones se enfrentaron en repetidas ocasiones lo que generó más decesos, según confirmaron fuentes de la Policía Militar, que nunca dieron una cifra exacta.
«Se destaca el acentuado descontrol de información por parte de las autoridades penitenciarias. Las noticias iniciales hablaban de más de 100 muertes dentro de Alcaçuz, pero oficialmente solo fueron comprobadas 26. Sin embargo, ese número puede llegar a ser mayor porque no existe un número oficial de desaparecidos», recoge el informe.
Las autoridades también revelaron la fuga inicial de al menos 56 reclusos y el hallazgo de varios túneles, además de encontrar en las celdas revólveres, medio centenar de armas blancas y decenas de celulares.
Los peritos también denuncian en el estudio que «hay fuertes indicios de que aproximadamente el 49 % de toda la población carcelaria de Alcaçuz estaría presa indebidamente».
El de la prisión de Río Grande de Norte es uno de los trágicos sucesos, junto con los vividos en cárceles de los estados de Amazonas y Roraima, que provocaron al comienzo del año una de las peores crisis de la historia del sistema penitenciario brasileño, que dejó cerca de 150 muertos.
El hacinamiento y las pésimas condiciones de los presidios es uno de los mayores problemas del sistema carcelario brasileño, que alberga a 654.372 presos en las prisiones del país, 76 % por encima de su capacidad, según datos oficiales.
