«Para la defensa personal frente al caso de la Corte IDH he designado al abogado Miguel Pérez Arroyo y a un equipo especializado en la materia», escribió el exmandatario (1990-2000) en su cuenta de Twitter. Señaló que este abogado peruano especializado en criminología, con estudios de posgrado en España, será su único portavoz para todos los efectos legales.
La audiencia en la Corte con sede en San José de Costa Rica se efectuará por petición de familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que un escuadrón militar dio muerte a 25 personas, entre ellas a un menor, en 1991 y 1992.
La segunda vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, dijo el 31 de diciembre que «el indulto es una prerrogativa del presidente de la República» y que el gobierno hará prevalecer esta potestad constitucional. El 24 de diciembre Kuczynski indultó por razones de salud al expresidente, de 79 años, condenado a 25 años de cárcel por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros delitos.
«Somos obedientes de nuestros compromisos internacionales pero tenemos una Constitución y la Constitución es expresa en materia de lo que es la capacidad del presidente de otorgar indultos», precisó Aráoz, quien también es presidenta del Consejo de Ministros. Fujimori fue hospitalizado el 23 de diciembre en una clínica limeña por hipotensión y arritmia cardíaca, y al día siguiente Kuczynski le otorgó el indulto humanitario. El expresidente dejó la clínica el jueves.
En tanto, el partido de izquierda Frente Amplio presentará en el Congreso un pedido para destituir a Kuczynski por haber indultado a Fujimori, pero es improbable que esta moción prospere. Este mismo partido encabezó en diciembre en el Congreso un pedido de destitución contra Kuczynski, que fue apoyado por el sector mayoritario del partido fujimorista Fuerza Popular, pero no obtuvo los votos necesarios para declarar la vacancia presidencial.
Los analistas dicen que el indulto fue resultado de una negociación entre Kuczynski y el sector minoritario del fujimorismo para evitar la destitución del presidente.
Fuente: El Telégrafo