La causa generó un operativo que incluyó el allanamiento de 14 inmuebles, entre ellos varias dependencias municipales, el 19 de abril. También se detuvo a 8 personas, a quienes la jueza María de los Ángeles Montalvo dictó medidas cautelares el viernes 20 de abril.
Las medidas son la colocación de un elemento electrónico de rastreo, la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar bienes, de mover recursos por el sistema financiero y la obligación de presentarse cada 15 días ante una autoridad competente.
Los ocho investigados son: Eddy S. y Sergio G. (concejales de Quito), y los funcionarios vinculados al área de movilidad del Cabildo Fausto M., Rubén L., Xavier V., Segundo S., Mónica G. y Andrea F. El proceso de investigación nació de denuncias presentadas por transportistas de Pichincha.
Según la Fiscalía, “los funcionarios habrían solicitado dinero para otorgar permisos de operación de buses y taxis”. El caso se formalizó luego de que la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) de la Policía pusiera en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) sobre la presunción del delito. Las primeras indagaciones detallan que esta presunta red habría movido al menos $ 80 millones.
El mismo día en que se procedió a la retención de los ocho investigados, el alcalde Mauricio Rodas dijo que está dispuesto a colaborar en todas las investigaciones que efectúe la Fiscalía. Rodas también decidió nombrar a nuevos funcionarios en el área de movilidad de su administración.
Así dispuso que Iván Alvarado sea el nuevo gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Mauricio Peña asumirá la gerencia de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros. Mientras que en la Secretaría de Movilidad se posesionará a Gustavo Hinostroza.
Fuente: El Telégrafo
