«Nunca me he fugado de nada, pero me llaman «fugitivo», una distorsión maquiavélicamente política que rechazo», dijo, y aseguró que nunca le pidieron su testimonio sino que lo acusaron directamente «de delitos que no he cometido y que el juzgado no puede comprobar». Dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia y dijo que se trata de una «cacería de brujas».
«Todos los peruanos tenemos el derecho a la presunción de la inocencia y el debido proceso dentro de la ley», sentenció.
Su abogado, Felix Paolo Aldea Quincho, renunció a la defensa del exmandatario.
Pero ¿dónde está Toledo? Esa es la pregunta que se hacen esta noche muchos no solamente en Perú, sino en todo el mundo.
La Interpol le concedió al gobierno de Perú la activación de la llamada alerta roja para efectuar el arresto del expresidente Alejandro Toledo, en cualquiera de los 190 países miembros que se encuentre. Además, el gobierno peruano ofrece una recompensa de unos 31.000 dólares por información que conlleve a su captura.
Según la agencia noticias Andina de Perú, el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, aseguró desconocer el paradero de su cliente.
Señaló que la última vez que conversaron fue el viernes y que no sabe de dónde lo llamó para coordinar la apelación que presentarán contra la orden de detención preventiva.
La mesa directiva del Congreso de Perú acordó retirar los beneficios del expresidente Alejandro Toledo, quien es investigado por corrupción en torno al caso Odebrecht y se encuentra prófugo de la justicia.
Los expresidentes de Perú tienen derecho por ley a una pensión vitalicia equivalente a la de un parlamentario peruano, unos 15.600 soles (unos 4.800 dólares) y seguros correspondientes, un vehículo en préstamo, vales de combustible y la contratación de personal de apoyo con un sueldo no mayor a los 3.700 soles (unos 1.140 dólares), según la Agencia Andina.
El Ministerio Público formalizó la investigación contra el exmandatario el lunes por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, que, según uno de sus exgerentes, habría sobornado a Toledo con 20 millones de dólares para que le otorgara el contrato de construcción de la carretera interoceánica entre 2001 y 2006.
La vivienda de Toledo fue allanada el anterior sábado en busca de pruebas.
Esta semana en una entrevista concedida a una cadena de televisión peruana negó todos los señalamientos que pesan en su contra.
