La jueza de la Unidad de Flagrancia, Fátima Llundo, ordenó 90 días de prisión preventiva para el exgerente de Petroecuador, Alex B., procesado por el delito de tráfico de influencias. Además se instruyó la retención de cuentas y prohibición de enajenación de bienes.
La audiencia de formulación de cargos finalizó a las 23:50, del lunes. Durante la diligencia, el fiscal a cargo del caso, Franklin Bravo, mencionó que al momento se han detectado irregularidades en contratos con al menos tres empresas, donde estarían vinculados laboralmente familiares de Alex B., ya sea como directores, representantes legales o trabajadores.
El abogado defensor, Víctor Manuel Andrade, refutó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía argumentando que su defendido nunca pretendió huir del país, lo que garantizaría su presencia durante el proceso correspondiente.
El sospechoso fue detenido la mañana del lunes en su residencia ubicada en el sector de Tumbaco, nororiente de Quito, como parte de las investigaciones por presunto delito de tráfico de influencias. La denuncia fue interpuesta por el actual gerente de Petroamazonas, Pedro Merizalde.
La Fiscalía inició el proceso de indagación el 9 de mayo. De las investigaciones preliminares, la Fiscalía presume que el exfuncionario «habría otorgado contratos a tres empresas privadas que pertenecerían a sus familiares», según un comunicado de la entidad. En el allanamiento al domicilio del sospechoso, la Fiscalía incautó equipos tecnológicos, como: documentos, seis teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo la mañana del lunes en rueda de prensa, que a lo largo de la investigación las autoridades han descubierto «irregularidades, tráfico de influencias sobre todo a favor de la familia», añadiendo que la «situación puede ser mucho más grave». De ser hallado culpable, el imputado enfrentaría una pena de hasta 5 años.
