El exfuncionario aceptó que envió un escrito judicial en el 2013, a un juez de Portoviejo, por una causa seguida por profesores jubilados que reclamaban pagos retroactivos por mas de $10 millones.
«Envié el escrito al juez con copia al Consejo de la Judicatura, donde indico las irregularidades que se estaban cometiendo en perjuicio del Estado, decir que eso es injerencia del Estado me parece ridículo», dijo Mera.
Durante su intervención, el exsecretario jurídico reconoció que «sí ha habido corrupción judicial en esta última década», lo que perjudicaba al gobierno nacional, lo que debería ser causa de preocupación. Así mismo, Mera explicó que llamó a un juez como un acto desesperado, ya que el juez anterior había fallado a favor de una empresa de courier de manera ilegal, «lo cual provocaría el embargo de las cuentas del Banco de Fomento y un pérdida de $3 millones, siempre actué en defensa del los intereses del Estado».
El exsecretario jurídico destacó que «el presidente de la República puede intervenir en cualquier tema que le interese a la administración pública». «El Gobierno, que es la representación administrativa del Estado, es usuario de la Función Judicial (…) y es peligroso llegar a sostener que el Gobierno no haga gestiones como parte interesada», apuntó.
Esta es una de las supuestas pruebas que los asambleístas proponentes Esteban Bernal y Raúl Tello presentaron ante esta Comisión la semana pasada, para sustentar el pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. El legislador Tello afirmó que Mera trata de confundir al expresar que actuó en nombre del Estado, cuando ello es atribución de la Procurador General del Estado.
De su lado, Silvia Salgado afirmó que dentro del proceso se debe valorar si los sujetos del juicio político, el presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura o los jueces que recibieron esos escritos hicieron o no lo que el doctor Mera solicitaba.
«Si alguna de esas cartas tuvo como resultado la sanción de algún juez u operador de justicia, se habría configurado la injerencia en la justicia», añadió.
Fuente: El Telégrafo
