La secretaria Ejecutiva de Alianza PAIS, Doris Soliz, emitió esta mañana un comunicado en el que rechaza las versiones de exmiembros policiales que involucran a la organización política en actos de corrupción en la venta de pases en la Policía Nacional.

«Rechazamos enfáticamente como organización política seria, transparente y democrática, las declaraciones infundadas de ex miembros de la policía involucrados en los supuestos actos de corrupción en la venta de pases en la Policía Nacional. Nuestro Gobierno es quien ha denunciado a esta red de malos funcionarios públicos, para que las autoridades correspondientes investiguen y determinen si existe fraude y corrupción en los actos mencionados; quienes en su afán de evadir su responsabilidad, ahora buscan afectar la honra de nuestro Movimiento», se afirma en el documento.

En el texto se explica que «de acuerdo a lo que determina el Código de la Democracia, en el Art. 353, el Movimiento Alianza PAIS recibe financiamiento público (Fondo Partidario Permanente) y privado (aportes voluntarios de los afiliados, afiliadas, simpatizantes y adherentes, a quienes con el fin de garantizar la transparencia de ingresos, se les entrega el respectivo comprobante de contribución y aporte según lo establece el CNE, cabe recalcar que no existen contribuciones anónimas). Todos los ingresos se reciben en la cuenta bancaria única del movimiento y son registrados en la contabilidad de la organización».

También indica que «conforme lo estipula el Código de la Democracia en el Art. 368, nuestro Movimiento entrega anualmente el Informe Económico Financiero al Consejo Nacional Electoral, organismo que controla, fiscaliza y realiza exámenes en cuanto al monto, origen y destino de los recursos. Adicional, nuestro Movimiento realiza auditorías externas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente».

Finalmente la organización oficialista exige a los medios de comunicación a que investiguen a profundidad el caso y «no dar cabida a aseveraciones infundadas. «Exigimos a los medios de comunicación investigar toda nuestra información entregada legalmente al CNE y no dar cabida a aseveraciones infundadas ni maliciosas que solo buscan venganza para quienes hemos denunciado actos de corrupción. No permitiremos los intentos de manchar el buen nombre y la honra de nuestra organización ni de cada uno de nuestros militantes. Los corruptos deben enfrentar la ley y asumir las consecuencias», finaliza el documento.