La ONG subraya que en el 2017 continuaron las limitaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en relación a proyectos de extracción minera y petrolera. Los indígenas en Ecuador abarcan 14 nacionalidades y representan el 7 % de la población, según los últimos censos oficiales.
El informe menciona que en julio del 2017 varias organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incursiones en el territorio del pueblo sápara relacionadas con ulteriores proyectos de extracción petrolífera.
En paralelo, señala que hubo denuncias de licitaciones públicas del Estado para la extracción de crudo en el territorio del pueblo kichwa de Sarayaku sin el consentimiento libre, previo e informado de la nacionalidad indígena, contraviniendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, se hace eco de que en abril el líder indígena Agustín Wachapá quedó en libertad condicional tras cuatro meses de detención preventiva bajo el cargo de incitación a la violencia en la provincia oriental de Morona Santiago en 2016.
En esa región del pueblo shuar se registraron protestas que derivaron en enfrentamientos originados por un disputado proyecto de dos minas de cobre. AI también recoge la denuncias de varias ONG ante la CIDH sobre «la falta de un sistema de protección adecuado o de una institución especializada responsable de investigar los ataques y la criminalización de que eran objeto los defensores de los derechos humanos» y el «frecuente uso indebido» del cargo de ataque o resistencia a la autoridad para procesarlos.
Afirma que la CIDH, «expresó preocupación por la ausencia de representantes del Estado» en audiencias relacionadas con la violencia y hostigamiento a defensores de los derechos humanos. Bajo el epígrafe de «Escrutinio Internacional», dice que Ecuador aceptó algunas recomendaciones en materia de derechos humanos, como «adoptar un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos» o «asegurar la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género», entre otras.
En cuanto a la violencia contra mujeres y niñas destaca que en noviembre el Parlamento aprobó un proyecto de ley para prevenir y erradicar esta lacra.
Concluye el documento apuntando la cuestión de los desaparecidos, y en este sentido dice que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada señaló en marzo que no se había determinado responsabilidad penal por 17 casos ocurridos entre 1984 y 2008, y que seguía sin conocerse el paradero de 12 víctimas.
