«Estos amparos que son interpuestos precisamente buscan que esta persona no sea extraditada pero al no existir a día de hoy un acuerdo firme de extradición (la revisión y visto bueno de la Cancillería) no hay acto reclamado como tal. Así que estos amparos tendrán que sobreseerse, no detienen el procedimiento como tal», dijo a Efe José Manuel Merino, director general de Procesos Internacionales de la Fiscalía.
Según Merino, Guzmán «ha presentado alrededor de siete amparos. ninguno se ha resuelto a su favor».
El funcionario dijo que este lunes la Jueza novena de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal (la capital mexicana), María Catalina de la Rosa, admitió a trámite un amparo interpuesto el 8 de enero por los abogados del líder del cártel de Sinaloa, horas después de su detención.
Pero aclaró que tampoco afecta al procedimiento, como no lo han hecho los anteriores y opinó que se habrá resuelto antes de que pueda afectar al proceso.
«Considero que este amparo se va a resolver mucho antes de que nosotros tengamos un acuerdo firme de extradición», apuntó.
Las autoridades de México reconocieron este lunes que el proceso para extraditar a EE.UU. a «El Chapo» Guzmán puede durar de uno a seis años.
«El tiempo promedio es de un año pero cuando hay una situación de amparos y amparos» por parte de la defensa del reclamado «se puede ir de cuatro a seis años», indicó a Efe una fuente oficial.
Este fin de semana se cumplieron formalmente dos órdenes de detención con fines de extradición contra Guzmán en la cárcel en que está recluido tras su detención del viernes, con miras a dar inicio al procedimiento de extradición.
Las órdenes parten de dos solicitudes de juzgados de California y Texas por diversos delitos, entre ellos asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.
La Cancillería determinó que las peticiones formales de extradición presentadas el año pasado por EE.UU. reunían los requisitos del tratado bilateral en la materia, por lo que las transmitió a la Fiscalía, la cual, tras analizarlas, las presentó ante dos jueces federales, quienes a su vez otorgaron las órdenes de captura con fines de extradición.
Una vez que los jueces emitan una opinión jurídica respectiva, los juzgados están obligados a transmitir los expedientes ante la Cancillería, a fin de que esta emita en un plazo de 20 días hábiles su decisión sobre la entrega en extradición del reclamado.
En el caso en el que Cancillería conceda la extradición, el capo tiene derecho a presentar un amparo en contra de dicha determinación.
Y, de confirmarse la negativa de los juicios de amparo, se podrá materializar su entrega en extradición, según explicó el pasado fin de semana la Fiscalía.
