Las organizaciones provida y los sectores feministas preparan plantones, campañas y acciones de protesta para el próximo jueves 9 de diciembre cuando se prevé que la Asamblea Nacional inicie el primer debate del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
La reunión está prevista a las 09:30 y de manera presencial. La críticas al informe se refieren a los tres nudos críticos que mantiene el proyecto referentes a la objeción de conciencia, los requisitos y hasta qué semana se puede interrumpir el embarazo.
Para ese debate las organizaciones provida y el grupo feminista Vivas nos Queremos preparan plantones en las inmediaciones de la legislatura, para dar a conocer su posición sobre la legalización del aborto por violación en Ecuador. Ambos sectores esperan mover una campaña en redes a nivel nacional.
En abril del 2021, la Corte Constitucional (CC) dictaminó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que penalizaba el aborto por violación, porque únicamente permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de violación.
En el fallo, concedió un plazo de dos meses para que la Defensoría del Pueblo prepare un proyecto y lo presente ante la Asamblea Nacional para que sea discutido y aprobado en un plazo de seis meses, que se cumple a fines del mes de diciembre. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa, en esta semana, declaró receso legislativo desde el 16 al 30 de diciembre, por lo que se interrumpen los plazos de leyes en trámite.
Los legisladores ya fueron notificados con el informe aprobado con ocho votos en la Comisión de Justicia donde no se incluye el tiempo en que se puede interrumpir el embarazo por violación, lo cual fue cuestionado por los sectores por vida e inclusive por un grupo de legisladores.
Amparo Medina, vocera del grupo provida, califica de vergonzoso el informe de la mesa de Justicia por los errores cometidos al no tratar artículo por artículo el proyecto, y por la omisión de las observaciones emitidas por los grupos que defienden la vida desde la concepción.
Medina asegura que el informe es sesgado y considera que ese informe no fue elaborado en la comisión, sino por personas externas que no se percataron de la participación de grupos y de personas que fueron parte de la mesa.
La vocera provida aclara que la CC lo que pidió en la sentencia es que se equipare el derecho a la vida con la decisión de una mujer para abortar, y que nunca habla del derecho a abortar; pues “no existe el derecho a matar, sino el derecho a vivir”, subraya.
Lo que cuestiona es que en el informe se deja abierta la posibilidad de que los abortos se produzcan inclusive hasta los nueve meses, lo cual no solo es un infanticidio, sino que se pone en riesgo la vida de la mujer a la que dicen defender.
Igualmente, Medina reclama que no se exija en el proyecto la denuncia del violador, y además en la objeción de conciencia los médicos serán obligados a practicar el aborto.
Este sector anuncia manifestaciones para la próxima semana, pero también esperan que se sancione a la Comisión de Justicia por no elaborar un informe en que se tome en cuenta la participación de otros grupos distintos a la ideología abortista. Para el 8 de diciembre tienen programadas marchas con pañuelos de color celeste, como señal de levantar la voz de los nacidos.
Desde el grupo feminista Vivas nos Queremos, Ana Cristina Vera, afirma que están contentas con el informe del proyecto de ley, porque cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos en lo relacionado con la regulación del aborto por causales.
Vera sostiene que el aborto por violación en la mayoría de países no hay plazos y esto porque son causales extremas que limitan el acceso a este grupo de personas que están en situaciones de extrema vulnerabilidad y riesgo; por eso, es importante que en la ley no se fije tiempo para interrumpir el embarazo, añade.
La vocera feminista comenta que lo importante en esta ley es poner en el centro a las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual, y como litigante de casos de niñas violentadas, señala que son las niñas las que más tarde se dan cuenta de su embarazo, y limitar a cinco semanas el derecho al aborto dejara fuera a las niñas, porque regularmente las niñas llegan a un servicio de salud a las 18 y 20 semanas de gestación cuando se dan cuenta de los cambios en su cuerpo.
El asambleísta Dalton Bacigalupo (ID), integrante de la mesa de Justicia, aclara que aprobó el informe con el objetivo de no retrasar más el debate en el pleno, y que en ese escenario se recogerán las observaciones que deberán ser incorporadas en segundo debate.
Respecto a la temporalidad, Bacigalupo considera que debe incluirse en la ley con bases científicas. “No puede ser que no haya una definición de plazos para efectos de propiciar la interrupción del embarazo por causa de violación”. (I)
Fuente: El Universo- Nota original: LINK
