La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2016, mismo que será puesto a consideración de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. En el informe se resalta que a pesar de la desaceleración de la economía, la inversión social ha permitido que los niveles de pobreza y desigualdad se encuentren en niveles estables.

Asamblea Nacional

Se señala que en medio de la coyuntura económica negativa a nivel mundial, en Ecuador se destaca una aplicación adecuada de políticas económicas para enfrentar esta situación. Entre las principales medidas sobresalen: implementación de salvaguardias con lo que se consiguió mantener el equilibrio de la balanza comercial, incluso en mejores condiciones que las de los años 2014 y 2015; la aprobación de leyes tributarias como la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas y la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, con las cuales la recaudación tributaria permitió la atención inmediata para la reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016.

Se menciona que bajo el esquema de dolarización y desaceleración de la economía, la tasa de crecimiento del PIB registró una tendencia decreciente en el primer semestre del año. Esto tuvo repercusiones en los niveles de empleo, con lo que la tasa de empleo adecuado tuvo un decrecimiento con la salvedad que la de desempleo se mantuvo relativamente estable.

El conjunto de ingresos y financiamiento del Presupuesto General del Estado al 30 de junio de 2016, registró un total de 16.528,20 millones, en tanto que los egresos devengados ascendieron a 14.344,45 millones, con lo cual se registró un superávit de 2.183,75 millones, que equivale a 2.13% del PIB. Se precisa que se cumplió la regla fiscal que establece que los ingresos permanentes deben financiar gastos permanentes.

Respecto a la actividad petrolera se determina que al 30 de junio se registró un codificado de 1.994,86 millones de dólares, superior al valor inicial, debido a que se regularon los ingresos petroleros por concepto de margen de soberanía, regalías y amortización de la venta anticipada de crudo, rubros que no fueron considerados inicialmente ya que iban a ser destinados para saldar obligaciones pendiente de pago al sector hidrocarburífero.

El financiamiento total aumentó en 5.781,34 millones llegando a un total de 23,616 millones lo que representa el 24,5% en el coeficiente deuda consolidada/PIB.

Se indica que de manera general el total de gastos del Presupuesto General del Estado tuvo una ejecución del 43,86%, siendo los rubros de aplicación de financiamiento y gasto corriente. El saldo de la deuda pública consolidada de enero a junio de 2016 en relación con el PIB es de 24,5%, valor que se encuentra por debajo del límite del 40% establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Durante el ejercicio fiscal enero-junio de 2016, el Ministerio de Finanzas registró transferencias totales por 915,61 millones de dólares, que incluyen el modelo de equidad, convenios, ley 47, reintegro de IVA y otras disposiciones legales. Las transferencias a los GAD provinciales fueron de 247,00 millones, a los GAD municipales se destinaron 617 millones y a los GAD parroquiales rurales se entregaron 50 millones, con un nivel de ejecución del 34,53%.