Para la autoridad judicial, esta disposición permite «la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida», como lo expresó en su comunicado oficial.
El Tribunal Superior de Justicia fundó la constitucionalidad del decreto «dadas las circunstancias extraordinarias que atraviesa la Nación en el ámbito social, económico y político que afecta el orden constitucional y, en consecuencia, la paz y la seguridad en el espacio geográfico». Y recordó que la medida entró en vigencia desde el pasado 15 de enero.
Por su parte, el presidente Maduro anunció que con el decreto de estado de excepción y emergencia económica buscaba «continuar cabalgando la crisis y avanzando en su superación».
El año pasado, también en enero, el mandatario había ordenado otro estado de emergencia. El analista económico, Alejandro Grisanti explicó a CNN en Español que lo que busca Maduro con este tipo de acciones es «seguir gobernando por decreto, a pesar del inmenso costo económico que los venezolanos han venido sufriendo por esos decretos y por un presidente que viene dando tumbos». Añadió que el líder venezolano no quiere recibir el mensaje de la población (…) cuando votaron mayoritariamente por la oposición en la Asamblea Nacional».
Grisanti añadió que es probable que estas medidas se extiendan hasta el final del periodo presidencial en 2018 y eso significaría «un altísimo costo económico».
Aún así, como lo informó la Agencia Venezolana de Noticias, Maduro insistió «en que este decreto, que fue publicado por primera vez el 15 de enero de 2016, representó un vehículo extraordinario para poder maniobrar en medio de la crisis y afrontar el sabotaje de la Asamblea Nacional (AN) manejada por la derecha».
