Pese a la negativa y archivo de la ley contra el lavado de activos, el Gobierno adelantó que una de sus opciones es pasar la normativa mediante el Ministerio de la Ley. De acuerdo con el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, estas declaraciones son erróneas en cuanto al tratamiento de las leyes catalogadas de urgencia económica.
Explicó que, existen únicamente dos escenarios por los que una normativa podría pasar por el Ministerio de la Ley. La primera, cuando la Asamblea no se haya pronunciado dentro de los plazos estipulados; y la segunda, cuando no se apruebe, niegue o archive la propuesta.
Muñoz agregó que, en base a los artículos 60 y 140 de la Constitución, el Legislativo está facultado a archivar proyectos económico-urgentes en primer debate, además de ser el encargado de tramitar dichas normativas bajo procedimientos ordinarios. Sin embargo, la única salvedad son los plazos de 30 días totales para emitir un pronunciamiento.
Por ello, advirtió que cualquier intento por promulgar la ley pese a su archivo en el Registro Oficial podría vulnerar el carácter de conclusión de su tratamiento.
“Sería un acto nulo, defacto, dictatorial; existiría una posible de usurpación y simulación de funciones”, dijo.
Caso Verónica Abad
La Corte Constitucional admitió a trámite la solicitud de interpretación relacionada a Verónica Abad y la sanción impuesta en su contra por parte del Ministerio de Trabajo. Sobre este tema, Muñoz consideró que el pronunciamiento de la Corte debería girar en torno a la posibilidad de sancionar de manera administrativa a un funcionario elegido por voto popular, como lo es la Vicepresidenta.
En ese caso, se podría determinar la nulidad de la resolución con la que Verónica Abad fue suspendida de su cargo.
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