Fabián Solano, presidente de la Comisión de Participación, señaló que es necesario y «urgente» el cambio.
Indicó que se necesita dar un paso al siglo XXI y al uso de los medios digitales y dar cabal cumplimiento al 231 de la Constitución, que estipula que cerca de 500.000 personas (gobierno central, polícia, GAD, empresas públicas, entidades autónomas) tienen la obligación de declarar su patrimonio.
Por ello sostuvo que se busca que el proceso sea tecnológico.
Precisó que los notarios y el CJ dejarán de recibir entre $9,$ 12,$ 20 millones anuales por el no pago de este servicio en las notarías del Ecuador, pero «hay que ver el bien común el ahorro para policías, militares, entre otros funcionarios», dijo, en referencia a quienes deben pagar anualmente por las declaraciones juramentadas..
Recordó que la ley de comercio electrónico reconoce los mensajes de datos con igual valor jurídico que los escritos. Dijo que el proceso es igual al que ahora realiza el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Solano destacó que esta iniciativa fue presentada en 2013 a la Asamblea. y que la norma trata de arreglar una serie de inconvenientes con la declaraciones patrimoniales juramentadas.
En el pleno participó Jorge Machado, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, quien destacó que la norma «quita seguridad jurídica, aventaja al flagrante del delito y constituye una excusa».
