El proyecto fue remitido por el presidente de la República, Rafael Correa, en septiembre de 2009, luego del primer debate fue sometido a consulta prelegislativa.
El tratamiento de esta normativa mereció la revisión de al menos 27 leyes vigentes entre ellas la de Propiedad Intelectual, de Libro, de la Casa de la Cultura; del Sistema Nacional de Archivos, de Fomento del Cine.
La asambleísta Ximena Peña, manifestó que se debe reconocer el aporte a la cultura por parte de la comunidad migrante y planteó institucionalizar los núcleos culturales en el exterior. Resaltó la participación de gestores culturales y artistas migrantes en la construcción de la ley.
Pidió se deje claro que el ente rector tiene responsabilidad de fortalecer la cultura en el exterior y coordinar acciones con el Ministerio de Movilidad.
Noralma Zambrano expresó que la cultura es una construcción colectiva vital para todos, especialmente para las comunas comunidades.
Pidió cambiar la palabra creatividad por innovación en el tema del fondo de fomento y sustentó las razones por las cuales se fijó el término autonomía responsable para la Casa de la Cultura, al igual que sucede con las universidades.
Paco Fierro se refirió a las competencias de los municipios; solicitó se tenga cuidado para que esta normativa no se interponga en la autonomía de los municipios y las obligaciones del Instituto Nacional de Patrimonio.
Al recordar que Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales referentes a la cultura, señaló que el proyecto debería abarcar las culturas por la diversidad del país, para recuperar las tradiciones de los pueblos. Los GAD necesitan los recursos para asumir competencia en materia de cultura, afirmó.
Raúl Auquilla, propuso que las actuales autoridades de la Casa de la Cultura y de las filiales continúen sus funciones hasta completar los períodos para los que fueron elegidos.
Por último, Ximena Ponce aclaró que la vigente Ley de Fomento de Libro tiene un capítulo sobre la exenciones, régimen impositivo y otros beneficios para las empresas editoriales durante 10 años, así como la exención del impuesto a la renta para aquellas que están publicando libros, beneficios que se mantienen al igual que la Ley de Creación de la Casa de Montalvo, en la que se señala el aporte y la articulación que pueda haber entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional.
Adicionalmente, dijo, está el régimen de beneficios que se plantea en la Ley de Cultura, la promoción, exenciones tributarias, el fomento, el uso del espacio público que serían adicionales.
