De este modo, la Legislatura invita a todas las funciones del Estado a que este año declaren como prioridad en la legislación y política pública a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016.
Además, se compromete a debatir una legislación que fortalezca el sistema de promoción y protección de derechos. Entre ellos la prevención y sanción del uso del castigo corporal como método de disciplina y una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia a la luz de los derechos que garantiza la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador.
Igualmente, el Legislativo insta a seguir trabajando en conjunto con la Función Ejecutiva para que este año, hasta el fin del período presidencial, “se tomen acciones para la reducción de la desigualdad entre niños por discriminación de género.
Además, que se establezcan lineamientos de protección de derechos a los adolescentes infractores dentro de los centros donde se aplican medidas socioeducativas privativas de la libertad.
También pide que se apliquen políticas públicas de seguridad interna, sobre todo de prevención del uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas respetando los derechos humanos de los niños y adolescentes, especialmente su derecho a la identidad, integridad, asociación y a la no discriminación por ninguna causa”.
La Asamblea también exhorta a la Función Judicial a “coordinar acciones con los sistemas municipales de promoción y protección de derechos, especialmente con las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, con el fin de alcanzar una plena restitución de derechos”.
Asimismo a capacitar a los funcionarios judiciales en la aplicación del Principio Superior del Niño en todas las materias; seguir fortaleciendo el acceso geográfico y cultural de los servicios judiciales en el Ecuador, especialmente con jueces especializados en niñez y adolescencia.
También solicita vigilar la correcta aplicación de las normas del Código de la Niñez en materia de derechos de alimentos y se garantice a niñas, niños y adolescentes la vida armónica con sus progenitores, con pensiones justas.
En el caso de la Función de Transparencia y Control Social, especialmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pide que “presente propuestas que considere pertinentes, con el fin de robustecer mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en el Gobierno Central y en los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente fortalecer el rol de los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes”.
También exhorta a la Función Electoral para que “en los planes de gobierno y de trabajo de las autoridades en las próximas elecciones populares se evalúen propuestas por la defensa y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar una educación en democracia para que los adolescentes que pueden votar ejerciten su derecho asumiendo los plenos derechos que les garantiza la Constitución de la República”.
Finalmente, invita a los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios para que el 1 de junio de cada año se conmemore el Día de la Niñez difundiendo sus derechos, fomentando la educación y la cultura, garantizando que niños y adolescentes con discapacidad sean representados de una manera igualitaria y no discriminatoria; así como la producción de contenidos específicos para cada edad respetando su desarrollo e identidad.
La asambleísta, Marisol Peñafiel, presidenta del Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y ponente del proyecto señaló la necesidad de que el Parlamento adopte el 1 de junio como el Día de la Niñez “para eliminar conceptos discriminatorios y excluyentes contra este sector vulnerable y aplicar los preceptos plasmados en la Constitución que van por la línea de la progresividad de derechos”.
