Aunque el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, Fernando Villavicencio, insiste en que ese organismo investigará los papeles de Pandora, este domingo 10 de octubre, la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que aclara que solamente la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad se hará cargo de este caso.
La aclaración la hace sustentándose en la resolución que tomaron 105 asambleístas, en el pleno, el jueves 7 de octubre, “en razón de que este caso se considera un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social”.
El pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político remita “de manera inmediata” toda la información o documentación relacionada con la investigación periodística Pandora Papers a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tendrá la “competencia exclusiva” para el conocimiento de este proceso de fiscalización.
Sin embargo, Villavicencio insiste en que la Comisión que preside fiscalice el caso y, este sábado 9 de octubre, denunció una “evidente acción de conspiración y boicot” por parte de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, al convocar a sesión del pleno para este lunes 11 de octubre, a las 10:30, a la misma hora que los integrantes de dicha mesa acordaron asistir al Palacio de Carondelet para escuchar la versión del presidente Guillermo Lasso, sobre los papeles de Pandora.
“Con base en lo dispuesto por el pleno del Legislativo, presidenta de la Asamblea Nacional no autorizó el pedido de Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, para realizar mediante vía telemática y presencial en el Palacio de Gobierno la sesión que había previsto para conocer este caso”, sostiene el comunicado de la Asamblea.
Según la resolución aprobada el pasado jueves, la Comisión de Garantías Constitucionales deberá solicitar las comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin de esclarecer la vinculación del presidente Guillermo Lasso, dentro de este caso, relacionado con depósitos de dinero en paraísos fiscales.
“La investigación sobre las revelaciones de los Pandora Papers debe esclarecer si el presidente de la República posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales”, agregó la Asamblea, en su comunicado.
La Comisión de Garantías Constitucionales deberá elaborar un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el pleno, en el plazo no mayor a 30 días. (I)
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
