La Asamblea Nacional, luego de una sesión de siete horas, censuró al excontralor Carlos Pólit. La moción fue presentada por el legislador oficialista Daniel Mendoza.

Flickr Asamblea Nacional

Con 132 votos afirmativos y 1 abstención, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el pedido de moción de censura contra el excontralor Carlos Pólit Faggioni. Tras un largo debate, en una sesión que se prolongó por más de siete horas, se cumplió un proceso contra el funcionario que ya había enviadosu renuncia irrevocable.

Su defensor, Hernán Ulloa Parada, había pedido previamente la suspensión de la sesión de juicio político, pero los asambleístas decidieron cumplir el proceso político de un juicio.

«La competencia de la Asamblea es la censura. La renuncia no surte destitución. esa censura se logró por unanimidad», dijo esta noche tras el cierre de la sesión el presidente de la AN, José Serrano.

Pasadas las 15:30, por unanimidad, con el voto de 133 asambleístas registrados, la Asamblea Nacional dio inicio al juicio político del excontralor Carlos Pólit, en ausencia.

La sesión plenaria N°. 463 de la Asamblea Nacional se insataló con más de media hora de retraso (estaba previsto que empiece a las 15:00).

Hernán Ulloa, defensor del excontralor, entregó minutos antes un escrito en la Asamblea y califica de ilegal el juicio político.

El bloque de Alianza PAIS (AP) busca consensuar una resolución con la que, a más de censurar a Carlos Pólit, lo inhabilite políticamente por unos dos años, algo que no está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En las primeras dos horas de la sesión, que está previsto dure seis horas, la secretaria de la Asamblea Nacional, Libia Rivas, dio lectura sobre los antecedentes del llamado a juicio político al excontralor, así como el escrito presentado por Pólit a través de su abogado.

En la lectura de la secretaria de la Asamblea, el asambleísta interpelante Daniel Mendoza (AP) indica el incumplimiento de las funciones como contralor general al no auditar los contratos suscritos entre la empresa Odebrecht y el Estado.

Fuente: El Universo