Con 120 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la segunda ley energética impulsada por el presidente Daniel Noboa, la cual incentiva a las empresas privadas a construir proyectos eléctricos de hasta 100 megavatios. En NotiMundo A la Carta, Pierina Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, expresó que esta nueva ley no resolverá la crisis energética que enfrenta el país, argumentando que su contenido es prácticamente el mismo que el del primer proyecto de ley presentado por el gobierno en materia energética.

Créditos: Asamblea Nacional

Pierina Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, explicó que, a pesar de la urgencia de la situación, la primera ley aprobada no ha generado resultados concretos y, no ha logrado transformar el sector energético, ni abordar los problemas fundamentales.

En este contexto, criticó la falta de ejecución de los recursos asignados, y señaló que hasta el momento no se ha implementado ni el 10% del presupuesto destinado al desarrollo de infraestructura y proyectos energéticos. Además, añadió que la nueva ley aprobada tampoco resolverá los problemas existentes.

Asimismo, destacó que, aunque es importante fomentar la inversión privada en el sector energético, ceder completamente el control de este al sector privado no es viable, ya que pondría en riesgo la soberanía energética del país.

En relación con la incorporación de un artículo en la nueva ley energética que permite a las empresas privadas importar gas natural para su autoconsumo en la generación eléctrica, Correa señaló que esta medida tiene como finalidad evitar que ciertos grupos empresariales se aprovechen de manera desigual de esta oportunidad.

Si bien reconoció la intención de fomentar la competencia y diversificar las fuentes de energía como algo positivo, Correa enfatizó la necesidad de establecer regulaciones claras que garanticen un acceso equitativo y transparente.

Terna para la Corte Constitucional

En relación con la moción presentada que incluye los tres nombres propuestos para la renovación de la Corte Constitucional, Correa explicó que será la propia Corte la encargada de designar a las autoridades competentes para abordar este asunto, garantizando que se sigan los procedimientos legales adecuados.

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