En la votación hubo 106 votos a favor y tres abstenciones.
Dentro de sus atribuciones constitucionales, la Asamblea Nacional de Venezuela puede ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional.
El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció este lunes sobre el tema, invocan el contenido de la sentencia N° 948 de la Sala Constitucional del 15 de noviembre de 2016 que dice que, conforme al artículo 336 constitucional y a su jurisprudencia, «las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el Presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales».
El Tribunal dice que los diputados no pueden «convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico».