En la sesión virtual 696 del 23 de marzo, la Asamblea conoció el informe presentado por la Comisión de Salud presidida por el asambleísta, William Garzón (AP), con fecha 19 de octubre de 2020. Garzón reclamó que el documento se conozca en el pleno a los cinco meses de presentado.
La legislatura con 125 votos a favor aprobó una resolución con ocho puntos donde se conoce el informe de la investigación sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad a legisladores y sus familiares.
En uno de los puntos recomienda investigar al asambleísta, Fabricio Villamar, por detectarse irregularidades en la obtención de la credencial, que a su vez, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas, quienes son responsables políticamente, ante la sociedad, por sus acciones u omisiones. La denuncia en contra de Villamar, deberá presentarla el legislador, Rodrigo Collaguazo (ex AP), quien impulsó el texto de la resolución.
El informe de la Comisión contenía 39 recomendaciones, entre ellas, iniciar juicios políticos a tres funcionarios y ex funcionarios, a los ex ministros de Salud, Catalina Andramuño y Juan Carlos Zevallos; y a Xavier Torres Correa, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, por incumplimiento de funciones.
Aunque el plazo para enjuiciar a Andramuño venció el pasado 21 de marzo, cuando ella cumplió un año de su renuncia al cargo, y la Constitución determina que un ex ministro puede ser llevado a juicio hasta un año después.
La resolución aprobada por la Asamblea exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad establecer políticas, normativas y medidas, que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad, especialmente con el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.
Además solicitan al Ministerio de Salud un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnés, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud.
Nota Original: El Universo – LINK
