En un comunicado, la Asamblea indicó que como parte de la estructura institucional del país, «no está exenta de la realidad económica que afecta al Ecuador, particularmente de la difícil situación de las finanzas públicas».
En este contexto, consecuente con el momento que exige el esfuerzo de todas las instituciones del Estado, «a partir del 14 de marzo de 2018 inició una revisión de sus finanzas, optimizando los recursos públicos, sin afectar la estructura interna ni los procesos de la institución», señaló.
Apuntó que la Asamblea Nacional, «de forma responsable, adopta medidas inevitables que se orientan a preservar la salud financiera de la Función Legislativa».
Son decisiones que empatan con el proceso de racionalización del sector público anunciado el pasado 3 de abril por Moreno, en el contexto del Plan Económico «para enfrentar la crisis, entre ellas el programa de austeridad fiscal y de reducción del gasto público». «El compromiso de la Asamblea Nacional se mantiene firme.
Con la optimización de los recursos existentes, sigue adelante en sus tareas fundamentales: legislar y fiscalizar en beneficio del pueblo ecuatoriano», finalizó. El pasado lunes, Moreno anunció un nuevo plan de estabilización económica y desarrollo destinado a rescatar al país de su endeudamiento mediante catorce nuevas medidas.
Moreno recordó el alto nivel de endeudamiento que heredó de su predecesor Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, que ha sido calculado en entre USD 66 000 y USD 69 000 millones Junto al «excesivo nivel de endeudamiento» existen, según el presidente, «desfavorables condiciones para la generación de ingresos fiscales».
Entre las medidas que ha anunciado están la de alcanzar un mayor estabilidad fiscal mediante la reducción del déficit, de forma que este se rebaje de su actual nivel de 5,64 % a 2,47 % en 2021.
Ello mediante una mayor eficiencia de la recaudación tributaria, la lucha contra la defraudación, mejores condiciones de financiación y la reducción del gasto público, con la «optimización» de todos los servicios del Estado y de su Administración.
Con las medidas de austeridad administrativa Moreno pretende generar un ahorro de unos USD1 000 millones anuales, para lo cuál dijo que pedirá a todas las instituciones deshacerse de vehículos, reducir el número de asesores «a la mitad», controlar los viajes «sobre todo al exterior», bajar los alquileres y aligerar de personal todas las administraciones públicas, nacionales y locales.
Entre otras medidas, también tratará de buscar una mejora en la balance de pagos controlando la salida de divisa y garantizando la dolarización vigente desde 2000, pero de forma que la nueva política consiga una reactivación de la producción.
Fuente: El Comercio
