Esas reformas se aprobaron el 15 de mayo pasado. Un mes después, el Ejecutivo realizó 27 observaciones. La legisladora Silvia Salgado, presidenta encargada de la Comisión de Educación, sostuvo que el veto mejora la aplicabilidad de la ley y planteó la necesidad de mantener la naturaleza jurídica de las instituciones de educación superior particulares e insistió en que es urgente que las reformas entren en vigencia para modificar los sistemas de admisión y elección de autoridades, con la finalidad de que prevalezcan los derechos.
Respecto a los organismos de control, el legislador Jimmy Candell, puntualizó que se excedieron en sus funciones y limitaron la autonomía universitaria, por lo tanto propuso una evaluación periódica a las instituciones que tienen el control de la educación superior en el país.
Las intervenciones de los asambleístas se enfocaron en lo trascendental de la educación y el respeto de derechos. Fredy Alarcón, manifestó que la evaluación es un avance progresista que elimina cualquier cualquier tipo de discriminación de los aspirantes a ingresar a las universidades del país, especialmente en el sector rural.
Por su parte, Pedro Curichumbi, afirmó que las normas cargadas de ideología fueron perjudiciales para el desarrollo educativo. “El reformar una ley no implica que deje de debatirse para responder a realidades concretas”, dijo Salgado, quien expresó el apoyo de la comisión para la creación de universidades para la región amazónica.
Aclaró que la LOES no excluye a ninguna provincia amazónica y remarcó que el compromiso de la Asamblea debe ser tramitar la creación de las universidades y que por cada una que se cree exista un proyecto. Además, instó a que a través de la LOES se afiancen las competencias del Consejo de Educación Superior (CES).
Fuente: El Telégrafo
