La legisladora, representante de la provincia de Bolívar, envió hoy un oficio a la autoridad de control en este sentido. En el documento la parlamentaria recuerda que en una comparecencia que Pólit realizó a la Comisión de Participación Ciudadana afirmó que el presidente de la República, Rafael Correa, le había manifestado que cuando la Contraloría hace una investigación a sus bienes “demuestra la honestidad del señor Presidente, como lo han hecho los asambleístas, al aceptar que se inicie la investigación a todos”.
Según la legisladora “por parte del primer servidor del Estado, el presidente de la República, existe una clara predisposición al acatamiento constitucional, que determina que las servidoras y servidores públicos, sin excepción, presentarán al iniciar y finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirán activos y pasivos, así como autorización para, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentan bancarias”.
La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político o cultural. Favorece a la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos; reproduce una concepción patrimonialista del poder; reduce los ingresos fiscales e impide que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar ciudadano, argumenta la asambleísta en el texto.
Según la legisladora, este pedido también lo hace contradiciendo a los actores políticos que han puesto en duda la labor de la Contraloría y con el claro convencimiento que en esta institución y demás estamentos del Estado los funcionarios honestos somos más.
