En cambio, los asambleístas Franco Romero y Washington Paredes, que también fueron nombrados, no respondieron a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de texto pidiendo su versión en el tema. El abogado del exlegislador Eliseo Azuero tampoco atendió la llamada.
La asambleísta nacional Mercedes Cuesta remitió un comunicado en el que aclara que “no conozco a ese ciudadano y que es absolutamente falso que yo haya recibido dinero alguno proveniente de actos de corrupción en los que él y otros legisladores, presuntamente, habrían estado involucrados”.
Insistió en que ha ejercido su cargo de asambleísta con honestidad y transparencia, y manifestó que tiene absoluta confianza en la labor de la Fiscalía General del Estado dentro de un proceso serio; en el que no solo se sancione a los que han perjudicado económicamente al Estado, sino también a los que calumnian y manchan la honra ajena como es el caso de Franklin Calderón. Anunció que ejercerá acciones legales para proteger su nombre, familia y legislatura.
Tello manifestó que lo único que se confirma de todo esto es la intención del exasambleísta Daniel Mendoza de vincularlo en el caso del hospital de Pedernales, y ya lo intentó la vez anterior con una grabación realizada con Azuero.
Afirmó que no conoce a Calderón. “Puedo asegurar que no he tenido conversaciones personales con él y tampoco telefónicas; y jamás conversando de repartos ni del hospital de Pedernales; yo absolutamente con nadie he tenido la oportunidad de conversar sobre el tema, y ni siquiera me llegaron a ofrecer; he desconocido totalmente del tema”, anotó.
Tello pidió que Calderón presente pruebas ante la Fiscalía General: “No van a encontrar conversación mía respecto a Pedernales, de repartos ni siquiera de un centavo y peor de esos montos que dicen”, subrayó el legislador tras señalar que tiene entendido que los supuestos repartos se habrían dado en tiempos de pandemia, donde él nunca salió de su domicilio en Puyo, hasta mayo.
Sin embargo, el representante de Pastaza dijo que sospechaba de temas de ‘toma y daca’ en la Asamblea, pero que no tiene mayores detalles.
El legislador comentó que el BADI no existe, y que no se explica cómo en esta reestructura de la Comisión de Fiscalización se designa a Franco Romero como su delegado.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, expuso su preocupación sobre el testimonio de uno de los procesados en el caso de corrupción de Pedernales; y manifestó que por la gravedad del tema la Fiscalía General deberá llegar hasta las últimas consecuencias.
Manifestó que no se puede investigar ese caso en la Asamblea porque el supuesto delito es penal y es la justifica la que debe actuar.
Donoso dijo desconocer que en la Asamblea se hayan realizado acuerdos y ‘toma y daca’ a cambio de aprobar leyes y procesar los juicios políticos.
Nota Original: El Universo – LINK
