Elio Peña (PK-BIN), quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dijo que es evidente que “quiere escudarse en la institución” policial, lo cual es una “incoherencia” de la funcionaria.
“Nosotros no estamos juzgando políticamente, ni cuestionando a la Policía como institución, sino más bien a la señora ministra dentro del control político que tenemos”, afirmó Peña, quien aspira a que la acusada responda el próximo sábado con sus pruebas de descargo.
Lo que pretende la ministra Romo es distraer la atención del pueblo ecuatoriano, escudándose en la Policía, cosa que no es lo correcto, insistió.
En el video, Romo afirma que el juicio político y los ataques en su contra, realmente, “no son por bombas. Son la venganza por sus líderes sentenciados; son la respuesta por haber impedido que dieran un golpe en octubre; son la consecuencia de destapar la estafa del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) que involucra grandes poderes políticos y económicos”, afirmó.
En el video de 3:31 minutos, señala que esas son la verdaderas causas por la que los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (antes de CREO), y Amapola Naranjo impulsan un proceso de juicio político en su contra por incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre del 2019.
“A algunos, además, les molesta que frente a este episodio y a esta crisis haya estado una mujer, ni siquiera toleran llamarme ministra y escriben un juicio tras otro solo para poder llamarme ‘la ministro’”, dijo.
Gómez afirmó que Romo, al salir acompañada por la Policía Nacional en dicho video, pretende usar como “escudo a la institución”.
Quienes deben ser investigados por los actos de violentos por cualquiera de los frentes deben responder ante la Fiscalía General del Estado; y, por otro lado, el Estado debe responder ante organismos internacionales por violación de derechos humanos. Pero que quien está siendo juzgada es la ministra a base de sus acciones dentro del marco de la Ley, en el uso legítimo de la fuerza, anotó.
Mercedes Serrano (PSC) también rechazó las declaraciones de la acusada respecto a las motivaciones de su juicio político, pues dijo que es clara la causal por incumplimiento de funciones en el uso de bombas lacrimógenas caducadas, las cuales no solo se lanzaron a los manifestantes sino también a los centros de acogida; así como no haber actuado oportunamente con el Comité de Protección de Periodistas para garantizar su trabajo.
Indicó que el juicio no va en contra de los miembros de la Policía Nacional, pues ellos gozan del apoyo incondicional de la Legislatura, siempre y cuando cumplan con los protocolos y usen de manera proporcional la fuerza, dijo.
En tanto, en su comparecencia en el trámite del juicio político, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ratificó que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos de dispersión de las manifestaciones de octubre de 2019, y que el nivel de responsabilidad de la ministra Romo aún no ha sido totalmente investigado, ni judicial ni políticamente.
El uso excesivo de la fuerza, dijo Carrión, sería la causa del alto número de personas heridas. Y que según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado habría incumplido sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal.
Destacó que la cifra de fallecidos por el paro nacional no es coincidente entre varias organizaciones e instituciones: para la CIDH hubo 13 fallecidos, la Defensoría del Pueblo registra 11; el Ministerio de Gobierno y la Conaie,9; el Ministerio de Salud, 7; y, la alianza Derechos Humanos-Asamblea, 8.
Nota Original: El Universo – LINK
