“La pérdida global y general que se ha producido por este evento oscila entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares, de esos valores asegurados en el mercado local deben haber entre 500 y 800 millones que en los próximos días serán entregados al Estado ecuatoriano”, señaló José Luis Romo, representante de la aseguradora.
Según el funcionario aún no se ha podido determinar el número de bienes del Estado que han sufrido pérdidas, sin embargo, las autoridades se encuentran “trabajando en función de los requerimientos que cada institución nos hace y verificando las pólizas de cada uno y procediendo con los ajustes e indemnizaciones para cada una”.
En el marco de su comparecencia a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionale, Romo precisó que entre las principales edificaciones se encuentran las que prestaban servicios de salud como los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), algunas escuelas del Milenio y oficinas administrativas en la zona.
Una vez que la aseguradora cuantifique los daños totales, el procedimiento de devolución consiste en “reponer a las instituciones afectadas los valores ajustados de cada una de las pérdidas”, por medio de cheques a cada institución.
“Estamos trabajando arduamente en poder desarrollar el mecanismo más idóneo para a la mayor brevedad posible generar todas las indemnizaciones a las que los afectados tienen derecho”, manifestó Romo y aseguró que la empresa estaba “al día con todas las primas en las reaseguradoras internacionales”.
Romo confirmó que entre los bienes asegurados no se encontraban carreteras. Además, agregó que ya se ha mantenido reuniones constantes y elaborado informes “con algunos asegurados, reasegurados e inspectores que están en el campo y en pocos días podremos entregar las indemnizaciones”.
En el caso del Banco del IESS por ejemplo existen más de 1.500 casos en los que se han presentado informes de viviendas que han quedado afectadas de algún modo.
El funcionario además indicó que ya se entregó al Ministerio de Defensa un cheque por dos millones de dólares que corresponden a la póliza con la que estaba amparada el avión que se accidentó el pasado 22 de marzo en el que murieron 22 militares, en la provincia amazónica de Pastaza.
