Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, “está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, detalló el Ministerio Público, en un comunicado.
El Ministerio Público indicó que Cruz aparentemente atentó contra la “Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, que entró en vigor en diciembre pasado.
Dicha legislación inhibe de optar a cargos de elección popular a quienes son considerados “traidores a la Patria”, mismos que enfrentan penas de dos a 20 años de prisión.
Horas antes del comunicado del Ministerio Público el equipo de prensa de Cruz había denunciado que el precandidato a la presidencia llevaba tres horas retenido en el aeropuerto de Managua.
De aplicarse la ley a Cruz, este sería el segundo aspirante a la presidencia por la oposición en ser inhabilitado para las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva y la segunda con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
El primer caso fue el de la directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, Cristiana Chamorro, quien tiene arresto domiciliar.
Otros siete aspirantes opositores han denunciado persecución y asedio policial, dos de los cuales informaron que tienen “casa por cárcel” a pesar de que no tienen acusaciones en su contra.
Según la ley supuestamente violada por Cruz, son “traidores a la Patria” los nicaragüenses “que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
También señala a quienes “propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
Asimismo, condena a los que “encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas”.
Cruz y otros aspirantes a la Presidencia de Nicaragua han señalado la posibilidad de ser inhabilitados para las elecciones de noviembre.
Previamente, el Consejo Supremo Electoral había despojado de personalidad jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD), que contaba con el apoyo de uno de los grupos opositores más importantes, y del disidente Partido Conservador.
En la víspera, el Consejo también había recomendado a los partidos políticos en contienda que se aseguraran de que sus candidatos a la Presidencia cumplieran con los requisitos legales para competir.
Las elecciones de noviembre serán cruciales para Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de primacía casi absoluta de Ortega sobre la política nicaragüense.
Nota Original: El Universo – LINK
