«Somos conscientes del tema grave que afronta y una de las alternativas es entregarse a la Justicia británica, pero las autoridades del Reino Unido tendrían que expresar que no va a extraditarlo a un tercer país en el que se afecte la vida, su integridad física o el debido proceso», indicó el letrado Carlos Poveda.
El defensor, que forma parte de un equipo legal integrado por abogados en varios países, aclaró que se trata de «una petición clara, específica y muy expresa, es la condición».
El australiano era requerido desde 2010 por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por violación, que él niega, pero Suecia archivó la causa al no poder avanzar en la investigación.
Aun así, sigue bajo asilo por temor a que sea arrestado por las autoridades británicas y deportado a EE.UU., donde teme ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial.
«Ese es el temor», añadió el abogado al que suma la inquietud de que si Assange cumpliera una pena por violación de la libertad condicional por incomparecencia judicial en Reino Unido, que según las autoridades ecuatorianas no superaría los seis meses, «pudiera suscitar la extradición o permanecer en prisión preventiva hasta una década».
En paralelo, la defensa de Assange solicita del Estado ecuatoriano su intervención diplomática en aras de lograr una salida a su situación, dado que en reiteradas declaraciones el actual canciller, José Valencia, ha asegurado que el asunto debe ser únicamente dirimido entre las partes involucradas, a saber, el propio activista y Reino Unido.
«Esperamos que se establezcan por lo menos los diálogos (con Ecuador) y no se mire como una confrontación la demanda de protección» a Assange interpuesta recientemente contra el canciller, consideró Poveda, al insistir en que su defensa solo busca proteger sus derechos.
El jurista manifestó, no obstante, que el protocolo presentado por las autoridades ecuatorianas a su defendido contiene una amenaza implícita de poner fin al asilo al que se ha acogido desde 2012, y denunció que se han dado situaciones en los últimos meses no previstas de manera explícita, que hacen temer de represalias.
El procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador Crespo, explicó ayer que Ecuador planteó a Assange, nacionalizado ecuatoriano en diciembre de 2017, que se entregara a la Justicia británica «con las garantías que Ecuador había logrado obtener» de ella.
Esas condiciones incluían «una sanción por no haber acudido a los controles de su libertad condicional», que «no rebasaría seis meses», y que «no sería deportado o extraditado a ningún otro país», aclaró.
La otra posibilidad ofrecida por Ecuador fue que se quedara todo el tiempo que quiera en la Embajada en Londres, pero bajo unas «ciertas reglas», «puesto que el asilo se ha prolongado ya seis años y nada muestra que pueda solucionarse inmediatamente».
Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo
