Durante el cuarto día de audiencia, la Fiscalía sustentó jurídicamente que los procesados en el delito de cohecho se aprovecharon de sus funciones, unos como servidores públicos y otros como contratistas para, a través de la entrega de ‘pagos ilegales’, beneficiarse de contratos millonarios.
El fiscal Juan Carlos Zúñiga ratificó su acusación contra 13 procesados como autores y a 5 como coautores, por su presunta participación en el delito de cohecho, por contar con suficientes elementos de convicción en su contra.
La audiencia preparatoria de juicio inició el martes 17 de enero y se suspendió a las 12:30 del sábado 21 de enero de 2017. La diligencia se desarrolló en la sala 208 del Complejo Judicial Norte, ante la Jueza Karen Matamoros.
El fiscal Zuñiga argumentó que los 18 implicados habrían configurado el delito de cohecho al recibir y entregar ‘pagos irregulares’, a través de empresas registradas en Panamá. El dinero producto de ‘coimas’ fue depositado en cuentas internacionales, que están a nombre de los procesados y de sus familiares.
En el desarrollo de la diligencia, la Fiscalía sustentó su acusación con 52 elementos de convicción. Allí constan reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitidas por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador ( UAFE).
Asimismo, detalles de las transferencias a cuentas de los procesados, hojas de vida de los procesados con los períodos en que fueron funcionarios públicos de la estatal petrolera y listados de los contratos otorgados.
También la asistencia penal a Panamá. Allí se detalla que los procesados aperturaron cuentas en el Helm Bank y Capital Bank, a nombre de sus empresas ‘off shore’ que tienen como accionistas su familiares. Además de los registros de constitución de las empresas y listas de accionistas que eran beneficiarias de las transferencias.
A los 18 procesados, el fiscal Zúñiga acusó en base al artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica en delito de cohecho y tiene pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
Datos:
Los procesados mantienen orden de incautación, retención y prohibición de enajenar bienes.
En este caso Fiscalía General del Estado inició la institución fiscal en agosto de 2016.
