En el informe borrador se señala que autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ‘incumplieron’ los procesos de control interno y el Protocolo para el Proceso de Demolición y Remoción de Escombros, firmados por esa entidad en mayo de 2016.
El equipo de la Contraloría detalla los contratos que se firmaron entre abril del 2016 y marzo del 2017, que en total suman $ 55,1 millones. De este monto, unos $ 29 millones presentan observaciones, de los cuales $ 28,4 millones se deben a “planillas pagadas no justificadas” y el valor restante, $ 1,4 millones sin los respaldos debidos, corresponde al valor proporcional pagado por los trabajos de fiscalización de obra.
En el informe se señalan perjuicios debido a que no constan como evidencias para los pagos los documentos que comprueben que las operaciones para los desalojos de escombros efectivamente se hayan ejecutado en las cantidades fijadas, lo que “ha conllevado a que la entidad pague valores en exceso por $ 29’896.205”.
La Contraloría señala que por estas observaciones los supervisores, gerente general del proyecto y la máxima autoridad de la subsecretaría zonal 4 del MTOP incumplieron lo establecido en el Protocolo para el Proceso de Demolición y Remoción de Escombros.
En la misma auditoría, el equipo de la Contraloría expone otro análisis de los perjuicios, en este caso, con información del catastro de los municipios. Así estableció el detalle real de las áreas de construcción y el número de plantas de las edificaciones demolidas, lo que arrojó una diferencia de $ 23,2 millones, es decir, las obras de derrocamiento tenían un costo real de $ 5,8 millones. En el primer análisis, el perjuicio alcanza los $ 29 millones y en el segundo, con soporte de catastros, se ubica en más de $ 23 millones.
