Padres de familia de estudiantes de colegios militares, que se encuentran en el proceso de transición a instituciones fiscales, se reunieron hoy con autoridades del Ministerio de Educación para conocer el proceso.

Los padres de familia protestaron hasta el mediodía en los bajos de la Cartera de Estado (norte de Quito), en donde según Francisco Mayancela, vicepresidente del comité central de padres de familia del colegio #6 Combatiente Tapi (Riobamba), piden que los planteles regresen a la administración del Ministerio de Defensa.

Mayancela dijo que en el proceso de transición se han despedido a profesores y que el nivel educativo bajó. El criterio compartió Carlos Estrada, presidente del gobierno estudiantil de ese mismo plantel, quien señaló que ya no existe rigor en la enseñanza.

Luis Fernando Ochoa, subsecretario de apoyo, seguimiento y regulación del Ministerio de Educación, se reunió con los padres de familia, en donde les señaló la necesidad de armar un cronograma por cada zona para acudir a los establecimientos y hablar de temas en común como la remoción de los maestros corresponsabilidad, recursos educativos, entre otros temas.

Sin embargo, la reunión no se pudo concretar ya que los padres de familia abandonaron el Ministerio de Educación. «Los padres buscan que se les diga que los establecimientos deben ser administrados por las Fuerzas Armadas, se les escuchó, se les dio alternativas para trabajar por consensos, pero ellos no escucharon», dijo Ochoa.

El funcionario señaló que el proceso se realiza desde hace más de un año en coordinación con los ministerios de Defensa y Educación. Indicó que en la Costa se encuentran en la última fase del proceso, en donde a finales de este mes los establecimientos deben pasar al Ministerio de Educación.

Mientras que en la Sierra, el proceso culminaría hasta septiembre.
Indicó que de 25 planteles, 6 quedarán bajo la administración de las Fuerzas Armadas. Reiteró en el afán de la Cartera por visitar los establecimientos y revisar la problemática de cada uno.

Dijo que el objetivo del proceso es mantener y mejorar la calidad de la educación. Afirmó que se garantizará que los docentes, alumnos y personal administrativo permanezcan en los establecimientos. Indicó que desde 2014, varios docentes están ya siendo pagados por el Ministerio de Educación.