La Comisión de Biodiversidad analizará el proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, enviado por el Ejecutivo que busca regular la planificación integral del territorio de la Amazonía y establecer los lineamientos para el ordenamiento de su territorio, observando los aspectos sociales y económicos que serán necesarios para garantizar la conservación de sus ecosistemas, su desarrollo sustentable, la biodiversidad y el desarrollo humano.

Asamblea

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, así lo anunció en el programa Contigo de Ley al precisar que el organismo legislativo iniciará en enero el tratamiento del proyecto.

En el documento enviado a la Legislatura se precisa que las provincias amazónicas deben constituir formalmente una circunscripción territorial especial para lo cual debe existir una planificación integral que debe estar recogida en una ley que incluya aspectos sociales, económicos y con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del buen vivir.

Según el proyecto, la conformación de esta circunscripción tendrá como fines: alcanzar el desarrollo equitativo y solidario; promover sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; fortalecer la unidad nacional en la diversidad; la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento del medio ambiente sostenible y sustentable.

En la normativa se determina la creación del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (FERA) que se financiará con una asignación equivalente al 2% del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la circunscripción territorial amazónica y que se comercialice en los mercados interno y externo. En ningún caso la asignación será inferior a un dólar. Para el financiamiento del FERA las empresas nacionales y extranjeras, sean públicas, privadas, de economía mixta o de otro tipo, dedicadas a la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, depositarán mensualmente los valores mencionados en el Banco Central.

Los fondos se distribuirán el 28% para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales amazónicos (Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe); 58% para los gobiernos autónomos descentralizados municipales amazónicos; 6% para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales amazónicos, incluidas las parroquias de Río Verde y Río Negro del cantón Baños y las parroquias Matus, El Altar, La Candelaria y Bayusig del cantón Penipe.

El 8% para el fondo común para la circunscripción territorial amazónica, que será administrado por la Secretaría Técnica para el Ecodesarrollo Regional que se crea en reemplazo del Ecorae y que se encargará de formular y aprobar el Plan Integral para la Amazonía.