Aseguró que según la propuesta “el Estado pretende llevarse el 75% del producto de la venta de los bienes adquiridos por la gente en base a su esfuerzo y sacrificio” y que en contraste beneficia a las grandes empresas mineras.
Aseveró que el ciudadano ya paga el impuesto sobre sus bienes, como por ejemplo: al predio urbano y rural; el 10% de plusvalía, la contribución especial de mejoras y ahora “pretenden este perverso impuesto sobre el mismo concepto. Esto es confiscatorio contra la escuálida economía familiar, enfatizó.
Según el legislador “se pretende beneficiar a las grandes empresas mineras que “depredan el medio ambiente, la biodiversidad, los páramos y las fuentes de agua” y aseveró que según la disposición reformatoria única estas compañías no pagarían el impuesto durante 4 años.
El proyecto de ley fue enviado por el presidente de la República, Rafael Correa, considerando que es necesario evitar la especulación sobre el valor de las tierras, así como regular la inversión en la actividad minera y que la Constitución establece que la política tributaria promoverá la redistribución.
Se consideró, también, la norma constitucional que reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental y que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad.
